
La Presidenta del Concejo Municipal, Gabriela Solano, solicitó una audiencia a los ministros Sain y Michlig, para abordar los hechos de violencia que se viven en el barrio Las Vegas y la situación crítica generada por la sobrepoblación carcelaria en la Comisaría 12.
Con motivo de los recientes hechos de violencia ocurridos en barrio Las Vegas y de los disturbios provocados por la sobrepoblación y la fuga de presos en la Comisaría 12, el Concejo Municipal de Santo Tomé demanda al gobierno provincial que realice acciones concretas para mediar en esas situaciones. En ese contexto, la Presidenta del Concejo Municipal, Gabriela Solano presentó tres pedidos de audiencia al Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, al titular de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Rubén Michlig, y al Director del Servicio Penitenciario provincial, Héctor Acuña. “Como concejales y concejalas estamos preocupados y pedimos urgente intervención para encontrar una solución”, afirmó Solano.
“En cuanto a lo sucedido en la Comisaría N° 12, si bien tenemos conocimiento que se ha dispuesto por parte del Ministerio de Seguridad, mediante Resolución nro. 0665, que no se reciban más presos en las comisarías, estamos al tanto de que hoy se alojan unos 46 presos, a pesar de que la unidad está preparada para sólo recibir a 16”, señala la nota presentada.
“Esta situación ha provocado en los últimos días la fuga de internos del lugar, alterando la vida de los vecinos y vecinas lindantes a esta dependencia y de toda la ciudad. Como es de público conocimiento, en su momento se tomó el compromiso de ir desalojando la dependencia de presos y de asignar personal especializado. Necesitamos que esta acción se realice de manera urgente y que se arbitren todas las medidas necesarias para la recaptura de los internos que aún están fugados”, agrega.
“Además nos preocupa, y también creemos inminente la intervención en el barrio Las Vegas de nuestra ciudad. En los últimos días la presencia de bandas antagónicas han perturbado la tranquilidad del lugar con hechos de violencia, inclusive de asesinatos. Como consecuencia de esta situación se ha cerrado el Centro de Salud del lugar y no funcionan los comedores comunitarios y copas de leche que asisten a las familias del barrio”, afirman los concejales. “Es urgente que el gobierno provincial deje de mirar para otro lado y dé las respuestas que le competen dar ante esta crítica situación”, finalizan.